Los tribunales han ordenado varias inspecciones en un club de campo en Pilar, en un caso en el que se investigan a presuntos testaferros del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, por presunto lavado de dinero.
Según reportes de medios locales, los operativos se llevaron a cabo en la exclusiva comunidad cerrada de Ayres Plaza, en una propiedad a nombre de Real Central SRL, propiedad de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte.
Ambos han sido señalados en informes de los medios locales como los presuntos testaferros de Tapia, y la pareja ha sido impedida de abandonar el país por el juez federal Daniel Rafecas.
Dos parcelas en Ayres Plaza, que figuran como “en construcción”, son de interés para los investigadores, que creen que se ha edificado en ellas propiedad.
La empresa registrada como propietaria de la mansión —que perteneció al ex astro internacional Carlos Tevez entre 2017 y 2022— está bajo investigación mientras los fiscales buscan esclarecer quién es el verdadero propietario de la propiedad.
Medios han identificado a Tapia y al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, como posibles propietarios.
La operación tiene como objetivo obtener documentación y otros elementos que puedan aportar pruebas en un caso en el que se investiga un presunto esquema de lavado de dinero.
Según una denuncia presentada por el partido político Coalición Cívica, los responsables de la empresa — Pantano y Conte — no cuentan con las finanzas necesarias para adquirir una propiedad de ese valor.
Según los datos agregados al expediente, Ana Lucía Conte trabajaba como freelance hasta 2012; en 2020 cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y un año después se convirtió en pensionista. En cuanto a su hijo, Pantano, los registros también lo muestran como freelance y con antecedentes de deudas bancarias.
Sin embargo, Pantano tiene vínculos con el mundo del fútbol: presidió la Asociación Civil Argentina de Fútbol y Fútbol Playa a partir de mayo de 2021 y, en marzo de 2022, asumió el cargo de subtesorero del Club Almirante Brown.
Por otro lado, las investigaciones de Rafecas sobre la mansión de Pilar, presuntamente vinculada a funcionarios de la AFA, también avanzaron con otras medidas: el magistrado solicitó levantar el secreto fiscal de Malte SRL, una empresa de transporte escolar que figura como propietaria de la propiedad en algún momento.
El magistrado logró obtener la documentación del registro de la propiedad del terreno en La Plata y decidió ampliar el expediente: ordenó levantar el secreto fiscal de la empresa que alguna vez fue propietaria de la propiedad. La novedad: dicha empresa es un proveedor habitual de la AFA.
Malte SRL fue contratada en 2022 para implementar el sistema de árbitro asistido por video (VAR) de la AFA, trabajo por el que cobró US$ 500,000.
Esta situación llega apenas dos días después de los operativos realizados por la Policía Federal en distintas oficinas de la AFA y en más de 15 clubes, relacionados con el caso que vincula a la entidad que gobierna el fútbol argentino con Sur Finanzas.
