La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) vuelve a estar bajo escrutinio judicial tras unos procedimientos ordenados por la justicia en su complejo de entrenamiento de Ezeiza y en su sede central, dentro de una investigación sobre la gestión de fondos en el extranjero a través de TourProdEnter y su posible vínculo con una lujosa mansión en Pilar presuntamente relacionada con el tesorero de la federación, Pablo Toviggino.
La operación fue ordenada por el juez de Campana Adrián González Charvay y llevada a cabo por la Prefectura Naval Argentina, con el objetivo de incautar documentación en papel y digital relacionada con registros bancarios y contables vinculados a contratos entre la AFA y el empresario Javier Faroni.
Fuentes judiciales dijeron a los medios locales que no se halló material relevante en Ezeiza y que solo se incautó un ordenador, mientras que se recogió “gran cantidad de material” en las oficinas de Viamonte durante un procedimiento que se prolongó durante varias horas.
Los tribunales ya contaban con contratos firmados entre la actual dirección de la AFA y TourProdEnter, la empresa que gestionaba los negocios internacionales y los fondos de la asociación, así como con los balances de la firma obtenidos del Registro General de Sociedades. Los operativos más recientes tenían como objetivo asegurar pruebas documentales para rastrear el flujo de dinero a través de esa estructura.
Los investigadores sospechan maniobras irregulares en la gestión de fondos en el extranjero por parte de la AFA y creen que parte de esos millones de dólares podrían haber sido desviados a través de sociedades pantalla. La investigación se centra en acuerdos de patrocinio, contratos de agencia comercial, contratos logísticos y la recaudación de ingresos internacionales, una estructura bajo la cual TourProdEnter supuestamente cobraba una comisión del 30 por ciento, además de otro 10 por ciento por servicios logísticos.
Una parte clave de la investigación se concentra en una propiedad de lujo en Pilar valorada en US$17 millones, inscrita a nombre de Luciano Pantano y de su madre jubilada, Ana Lucía Conte. Los tribunales creen que ninguno de los dos posee los ingresos declarados necesarios para justificar la compra ni los coches de alta gama y otros artículos de lujo hallados durante un registro de la propiedad el pasado diciembre.
Los investigadores sospechan que el verdadero propietario podría ser Toviggino. En la propiedad se hallaron una bolsa de la AFA, una placa de Barracas Central que lleva su nombre y una tarjeta corporativa de la AFA utilizada por Pantano para pagar gastos mensuales por valor de millones de pesos, todos ellos en la propiedad. También se identificaron varios vehículos registrados a parientes del tesorero. La hipótesis del juez es que la compra podría haber sido financiada, al menos en parte, con dinero de los circuitos financieros ahora investigados en torno a TourProdEnter.
Cuando la Guardia Costera llegó a las oficinas de Viamonte, encontraron un cartel en la puerta que decía: “Cerrado. Por favor, diríjanse a Mercedes 1366, Pilar.” Esa dirección corresponde a un sitio desde el que la AFA intenta trasladar su sede, aunque la mudanza no ha sido autorizada formalmente y el edificio no está operativo. El episodio añadió al ambiente de sospecha que rodea la investigación.
Horas más tarde, la AFA trató de restar importancia a la situación mediante un comunicado de prensa en el que aseguraba que “no se realizaron búsquedas” y que el procedimiento era meramente una “solicitud de información” dentro de un proceso legal en curso. La asociación indicó que sus operaciones internas funcionaban con normalidad y llamó a la responsabilidad para evitar confusión pública. La diferencia entre esa versión y el relato de los tribunales, una vez más, subrayó las tensiones entre la justicia y la dirección de la AFA, encabezada por su presidente Claudio Tapia.
La investigación se reparte entre varios expedientes. Además del caso de González Charvay en Campana, hay diligencias en curso en Lomas de Zamora bajo el juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona, así como otro caso federal abierto tras una denuncia del empresario Guillermo Tofoni por presunta malversación de fondos de la AFA. El juez de Campana busca centralizar los casos para evitar superposiciones de pruebas y fallos contradictorios.
Incluso dentro de la investigación de la mansión de Pilar, existe una disputa de jurisdicción entre González Charvay y el juez de crimen económico Marcelo Aguinsky, que disputan el control del caso. Se espera que la Corte Federal de Casación se pronuncie sobre el asunto en una audiencia el 30 de marzo. Hasta ahora, los fiscales involucrados en el caso han argumentado que Aguinsky debería conservar la jurisdicción, lo que añade más incertidumbre a una investigación cada vez más delicada.
La AFA ya ha sido objeto de otros procedimientos vinculados a TourProdEnter y Sur Finanzas, la firma dirigida por Ariel Vallejo, otro empresario que ingresó al mundo del fútbol a través de sus lazos con Tapia. También se realizaron registros en 18 clubes de fútbol y en la casa de Faroni en Nordelta. Sin embargo, los operativos del viernes aumentaron la presión al dirigirse al corazón de la estructura institucional del fútbol argentino.
Con contratos, balances y registros bancarios ya en manos judiciales, el siguiente paso podría ser un informe pericial contable detallado para determinar si los investigadores pueden demostrar lo que hoy es solo una sospecha: que detrás de los negocios internacionales de la AFA existía una ingeniería financiera opaca y que parte de ese dinero podría haber financiado activos y operaciones que no pueden justificarse documentalmente.
